CARD pide en reforma a la ley residuos sólidos priorizar interés general por encima del componente económico 

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), asumiendo su rol de órgano consultivo y asesor del estado en materia legislativa fijó su posición institucional frente a las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y otras instituciones, con relación a las propuestas de modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini expresó que, si bien es importante proteger la competencia, esta debe estar subordinada al bienestar colectivo, el interés general y los principios constitucionales que rigen la protección del medio ambiente y la salud pública. Advirtió que aplicar criterios estrictamente económicos en un sector tan delicado como la gestión de residuos sólidos podría resultar contraproducente y desviar los objetivos fundamentales de la ley.

“La gestión de residuos no es una actividad cualquiera. Es un servicio esencial que impacta directamente la vida, la salud y el entorno de la ciudadanía. La competencia no puede anteponerse al derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica de las inversiones ni a la eficacia operativa del sistema”, afirmó el presidente del gremio.

Potentini defendió la posibilidad de que un solo proveedor opere por región los rellenos sanitarios, señalando que esta medida no busca favorecer monopolios, sino garantizar inversiones a largo plazo, control técnico, eficiencia operativa y la instalación de infraestructuras adecuadas para una disposición segura y sostenible de los residuos.

“En estos casos no se trata de fomentar competencia por sí misma, sino de promover eficiencia y asegurar resultados. Cuando el Estado regula con visión técnica, con transparencia y con participación social, lo que hace es garantizar derechos, no restringir libertades”, manifestó.

Asimismo, abogó por impulsar los proyectos integrados que combinen plantas de valorización con rellenos sanitarios, como fórmula moderna y funcional para enfrentar el problema de los residuos. Dijo que esta sinergia reduce costos, evita contaminación y permite una gestión más ordenada, supervisada y eficiente.
Respecto a la duración de los contratos, Potentini señaló que los plazos de 3 a 5 años son insuficientes para garantizar el retorno de la inversión privada en un sector de alta complejidad y riesgo. Propuso contratos más largos, bajo una estricta fiscalización estatal, que ofrezcan confianza jurídica y estabilidad financiera a los inversionistas.

Sobre la preocupación de Pro-Competencia por una supuesta exclusión de las plantas de reciclaje de plásticos, el presidente del CARD aclaró que la ley busca precisamente integrar los distintos eslabones de la cadena de manejo de residuos, sin que ello implique discriminación, sino más bien una ponderación equilibrada de los actores, en función de sus niveles de inversión y riesgo.

También defendió las modificaciones propuestas al sistema de contribuciones previsto en el artículo 36, asegurando que estas responden a criterios de equidad tributaria, capacidad contributiva y experiencia acumulada durante los años de aplicación de la ley.

Potentini hizo un llamado a los legisladores a no desnaturalizar el espíritu de la Ley 225-20, la cual nació con el objetivo de transformar radicalmente el modelo de disposición de residuos en el país, erradicando los vertederos improvisados y construyendo un sistema moderno, ambientalmente responsable y financieramente viable.

“La competencia es un valor fundamental en democracia, pero no puede usarse como dogma en todos los contextos. Hay sectores donde debe primar la regulación, la racionalidad técnica y el interés general. La gestión de residuos es uno de ellos”, concluyó.

El Colegio de Abogados reiteró su disposición de acompañar técnicamente a las autoridades en este proceso de reforma legislativa, con el firme propósito de que el país cuente con un marco normativo que garantice eficiencia, justicia social y sostenibilidad ambiental.

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