Universidad de Harvard demanda al gobierno de Trump por recortes en financiación

​»Ningún gobierno (…) debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», señala la demanda.  

La universidad de Harvard se querelló contra el gobierno de Estados Unidos por los recortes de financiación «ilegales» anunciados en represalia por no acatar las políticas impuestas desde la administración contra lo que considera antisemitismo en el campus.

«Las acciones de los demandados son ilegales», señalan desde la universidad en la demanda en la que los abogados del centro recuerdan que el intento del gobierno de «coaccionar y controlar a Harvard hace caso omiso» de los principios fundamentales que contempla la Primera Enmienda de la Constitución y que salvaguardan la «libertad académica».

«Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», señala la demanda.

El gobierno del magnate republicano Donald Trump anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y el retiro de las exenciones fiscales a Harvard, tras negarse a acatar las medidas para combatir el antisemitismo y desmantelar las políticas DEI (diversidad, igualdad e inclusión).

El rector de Harvard, Alan Garber, explicó recientemente en una carta dirigida a estudiantes y personal que la institución «no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución» ante la escalada de medidas por parte de la administración de Trump, que muchos consideran es un ataque a la libertad de expresión.

Como otros centros educativos en Estados Unidos, la universidad situada cerca de Boston (noreste) fue escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, un tema en el punto de mira de la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder.

gs (afp, ap)

   «Ningún gobierno (…) debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», señala la demanda.