Exjuez de Nuevo Mexico y su esposa acusados por manipulación de pruebas en caso de inmigrante venezolano

Jose Joel Cano y su esposa Nancy Ann Cano, están siendo acusados por manipulación de pruebas vinculadas con el migrante venezolano Cristhian Ortega LópezJose Joel Cano y su esposa Nancy Ann Cano, están siendo acusados por manipulación de pruebas vinculadas con el migrante venezolano Cristhian Ortega López  

Un exjuez de Nuevo México y su esposa fueron arrestados por cargos federales en que se les acusa de manipular pruebas relacionadas con el caso contra un inmigrante venezolano presuntamente vinculado a la banda criminal Tren de Aragua, informó este viernes el Departamento de Justicia estadounidense.

José Joel Cano, juez del condado de Doña Ana por cerca de 15 años, que renunció en marzo pasado, y su esposa, Nancy Ann Cano, fueron detenidos el jueves como parte de una investigación contra el inmigrante venezolano Cristhian Ortega López, de 23 años.

Cano, de 67 años, renunció después de que investigadores del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) allanaran una de sus propiedades en febrero pasado en busca de Ortega López y varios cómplices, que fueron detenidos.

Durante el operativo incautaron cuatro armas de fuego que se cree estaban en posesión del inmigrante, junto con tres teléfonos celulares. Cuando se le permitió al joven venezolano hacer una llamada, este dijo que quería usar un teléfono diferente a los incautados.

En una videollamada posterior al arresto del inmigrante, Nancy Ann Cano, de 68 años, fue vista sosteniendo un iPhone de color negro que se presume era el teléfono que Ortega López pedía, según detalla la acusación.

Las investigaciones revelaron que la esposa del juez usó el dispositivo para contactar por WhatsApp a una persona llamada ‘Michelle’ y luego facilitó una conversación por FaceTime entre esta y Ortega López usando su teléfono personal.

Además, en una llamada del 20 de abril, Nancy Cano y Ortega López hablaron sobre la eliminación de su cuenta de Facebook, donde anteriormente había compartido contenido incriminatorio.

Las autoridades federales allanaron nuevamente la residencia de los Cano el jueves en busca del teléfono, pero no lo encontraron. Durante el interrogatorio, el exjuez admitió haberlo destruido a martillazos creyendo que contenía fotos y videos incriminatorios del indocumentado con armas de fuego, algo que es considerado un crimen debido a su estatus migratorio.

Mientras tanto, y según el Departamento de Justicia, el análisis forense de los teléfonos recuperados reveló mensajes que vinculan al venezolano con la banda criminal Tren de Aragua e imágenes suyas sosteniendo y disparando armas de fuego.

José Cano está acusado de un cargo de manipulación de pruebas y Nancy Cano, de conspiración para manipular pruebas.

De ser declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.

“Es bastante sorprendente. Es terrible”, dijo este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, al ser preguntado por la prensa sobre el caso.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito de Nuevo México, Ryan Ellison, dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia está comprometido a desmantelar en Estados Unidos al Tren de Aragua y “esto comienza por procesar a quienes apoyan a los pandilleros, incluidos los jueces”.

Las autoridades federales iniciaron la investigación contra Ortega López después de recibir una denuncia anónima que indicaba que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y en posesión de armas de fuego.

Ortega López ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2023 por Eagle Pass, Texas, y fue puesto en libertad condicional.

El inmigrante venezolano, que se había establecido en El Paso, Texas, entabló una amistad con la esposa y la hija del exjuez, después de hacer unos trabajos de construcción en una propiedad del exmagistrado.

Las familiares del exjuez le permitieron a Ortega López quedarse en una pequeña edificación aledaña a la casa principal.

Ortega López fue acusado por posesión de armas, mientras que varias fotografías publicadas en redes sociales lo muestran sosteniendo armas y al parecer en su tiempo libre participaba en entrenamientos en un campo de tiro.

De ser encontrado culpable, el venezolano enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.

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