Guatemala: «No se meten con un líder sino con todos los pueblos indígenas»

​DW habló con Feliciana Herrera, alcaldesa del pueblo ixil, por la detención de dos líderes indígenas. Pide a la UE mantener las sanciones para visibilizar el ataque a la democracia de su país.  

«Si se llevan a un líder, dos líderes, tres, cuatro o cuantas autoridades ellos deseen, que tengan claro que nuestra estructura no va a quedar sin cabeza, sin autoridad”, explica a DW Feliciana Herrera, alcaldesa de la comunidad ixil de Nebaj.

A pocos días de que el Ministerio Público de Guatemala emitiera orden de arresto a dos líderes de 48 Cantones de Totonicapán, Herrera compareció junto con el presidente Bernardo Arévalo y autoridades indígenas ante la prensa. «No se han metido con un líder, no con dos, sino con todos los pueblos indígenas de Guatemala”, reitera Herrera. 

¿Presos por defender la democracia?

Hay que retroceder hasta 2023 para entender este nuevo movimiento del sistema judicial de Guatemala. Se trata de acusaciones de terrorismo a dos de los líderes de las protestas que evitaron que no se respetase el resultado de las urnas.

«El salir a las calles del 2023 era hacer respetar un derecho constitucional, fue prácticamente para evitar que dieran un golpe de Estado; querían evitar que llegara alguien que ellos no deseaban”, sigue Feliciana Herrera. 

Las elecciones guatemaltecas y luego de la toma de poder de Bernardo Arévalo concitaron el interés internacional. La Unión Europea (UE), como observadora de esas elecciones, apoyó el proceso democrático e impidió que, en último momento, se anularan los resultados.

En enero de 2025, la UE impuso sanciones a la fiscal general Consuelo Porras y a varios de sus subalternos por «socavar la democracia” del país centroamericano. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido impusieron también sanciones. 

Entretanto, los recientes arrestos de autoridades indígenas se suman a una larga lista de ataques y acosos a fiscales independientes, líderes, periodistas, defensores de derechos humanos.

Por las últimas detenciones, la diplomacia europea expresó esta semana su profunda preocupación y llamó a la Fiscalía y al Ministerio Público «a defender el Estado de derecho y el derecho a la libertad de asociación pacífica, a respetar el debido proceso y a asegurar la seguridad y la integridad de aquellos detenidos”. Por su parte, organizaciones internacionales hacen un llamado a que la UE acompañe y observe el proceso que se siga a estos líderes. 

«Nosotros salimos en defensa de un gobernante que estaba dispuesto a contrarrestar la corrupción en su momento. Si lo está haciendo o no, sobre eso tendrá que rendir cuentas ante la población”, sigue Feliciana Herrera. «Pero ahora que el presidente también está siendo atacado y perseguido, somos aliados para luchar en contra de esto y defender nuestra institucionalidad propia y la del Estado de Derecho y la Democracia”, añade. 

Más sanciones

Como fuere, fuentes europeas informan a DW que las sanciones -congelación de bienes, veto de entrada a suelo comunitario y prohibición a empresas y ciudadanos europeos de facilitar fondos a las personas sancionadas- fueron extendidas hasta enero de 2026 y, dependiendo de la situación, son susceptibles de ampliarse. Levantarlas dependerá de que haya una sensible mejoría de la situación.

«Hemos visto que a la jefa del Ministerio Público no le importan mucho las sanciones y ha resistido”, sigue Feliciana Herrera. No obstante, le parece importante mantenerlas para visibilizar lo que está sucediendo en el país.

«Por un lado sí hay un acercamiento del gobierno a los pueblos indígenas. Hay que valorarlo. Tenemos una asamblea mensual con el presidente para discutir temas que nos afectan. Están lanzando programas. Pero es difícil, no todos quieren entender que existen autoridades indígenas”, añade. 

Parte de los que «no quieren entender” son los que, a pesar de toda crítica internacional y en aras de «la defensa de los intereses de unos pocos, mantienen a la Fiscal General en su cargo, y a los jueces que criminalizan a todo opositor».

En cualquier caso, acusados de terrorismo, a los líderes detenidos, Luis Pachecho y Héctor Chaclán, les podrían poner hasta treinta años de prisión. «Ellos, de 48 Cantones, son maya quiché. Yo soy maya ixil. Tenemos estructuras para coordinarnos. Si las amenazas persisten, estaremos resistiendo. Se llevan a uno o dos…, pero somos miles. No se han metido con el pueblo quiché sino, repito, con todos los pueblos de Guatemala”, concluye. 

(ers)

   DW habló con Feliciana Herrera, alcaldesa del pueblo ixil, por la detención de dos líderes indígenas. Pide a la UE mantener las sanciones para visibilizar el ataque a la democracia de su país.