Cuenta atrás para la directiva europea que iba a proteger a productores en América Latina

​La directiva de debida diligencia se vuelve a revisar. Iba a proteger a los productores en América Latina. Especialistas advierten de dejar en ella solo el cascarón.  

«Un logro central de la directiva de debida diligencia (CSDDD) de la Unión Europea (UE) era que, por ejemplo, las personas afectadas por los pesticidas en plantaciones de banano en terceros países -sea Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica o Sudáfrica-  o que han perdido un familiar en un incendio en una fábrica pudieran querellarse contra la empresa en territorio europeo y reclamar compensaciones o el pago de sus costos médicos”, explica a DW Franziska Humbert, jefa del equipo de Economía Justa de Oxfam Alemania. 

«Pero aduciendo simplificar procedimientos y evitar burocracia para las empresas europeas, esta directiva se enfrenta al peligro de quedar como una nuez sin contenido”, agrega.

Directivas verdes en peligro

Esta propuesta de simplificación, llamada «ómnibus”, que fue presentada por la Comisión Europea a finales de febrero, prevé un 25 por ciento de ahorro en barreras burocráticas para las grandes empresas y hasta un 35 por ciento para las pequeñas y medianas empresas hasta finalizar este mandato (2029).  

Se llama «ómnibus» porque modifica en un solo paquete varias directivas que, según el Pacto Verde europeo, iban a mejorar sustancialmente el cumplimiento con estándares medioambientales y laborales, dentro y fuera del territorio europeo. 

En la propuesta se incluye la directiva de debida diligencia en cuanto a derechos humanos, laborales y ambientales. También está la CSRD (Corporate Sustenibiliy Reporting Directive) que preveía la obligación de las empresas de emitir un informe anual sobre su cumplimiento de estándares ambientales y otra directiva que preveía definiciones de qué es una «inversión sustentable”. El paquete incluye modificar también la regulación CBAM (Carbon Adjustment Mecanismo) que prevé un ajuste de precio en la frontera europea por la emisiones de carbono que los productos importados hayan generado en terceros países.  

¿Se acabó la esperanza para las víctimas?

«Nos parece catastrófico para las víctimas, pues se excluye de la directiva la responsabilidad civil. Pero también nos parece absurdo que la obligación de poner atención en el cumplimiento de derechos sindicales, por ejemplo, no llegue hasta el productor”, sigue Franziska Humbert. 

«En el caso de los grandes supermercados alemanes como Lidl, REWE o Aldi, su suministrador directo está en territorio de la UE. Es decir, su responsabilidad acaba aquí y no en países productores de América Latina y de África, donde se producen las violaciones de derechos humanos”, añade la jurista de Oxfam Alemania. 

Cabe recordar que la directiva europea reemplazaría las legislaciones nacionales que existen al respecto, entre ellas, la ley de cadenas de suministro alemana. Ésta, de 2023, fue bien acogida, por ejemplo, por ASTAC, el sindicato bananero de Ecuador. En su página web consta que el 42 por ciento de la exportaciones de banano van a la UE y que, en ese contexto,  el mercado alemán es el más importante (30 por ciento).  

«Entretanto, Lidl, Aldi y REWE tiene buenos proyectos con pequeños productores en esos países. Pero, según la reforma de la directiva, su responsabilidad termina en Europa”, cuestiona Franziska Humbert.

Por estas directivas que están a punto de sucumbir en aras de la «desburocratización”,  organizaciones de ambos lados del océano han luchado por años. En el marco del Green Deal o Pacto Verde, lograron mayorías en las instituciones europeas con el propósito de cumplir con los objetivos de descarbonización y de transición verde y justa. Pero el panorama político ahora es otro y, por ejemplo, para líderes conservadores europeos, el Pacto Verde es una piedra en el zapato.  

Con todo, la oposición a estas directivas viene también desde los países productores; algunos ven en ellas barreras no arancelarias disfrazadas de «verde». ¿Por qué?

Pacto Verde, una piedra en el zapato

«En los países productores hay miedo por el acceso al mercado, por que sus productos pierdan competitividad”, responde Franziska Humbert. Oxfam trabaja con sus filiales en esos países y con sindicatos, para explicar que una de las ventajas de la CSDDD sería su efecto disuasorio.  

«Además la directiva prevé explícitamente apoyo a los productores, sea en Perú o en Brasil. Nuestro trabajo incluye explicarles que está orientada a mejorar prácticas comerciales de las empresas europeas: pagar mejores precios, respetar plazos de entrega, cooperar con sus socios en aplicar estándares sociales y laborales”, agrega.

Como fuere, el debate para esta «simplificación” tendrá lugar todo el mes de mayo entre los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europeo. La propuesta que salga de ahí volverá al Parlamento Europeo en el otoño. Hasta eso, la contienda se prevé dura. 

(ers)

   La directiva de debida diligencia se vuelve a revisar. Iba a proteger a los productores en América Latina. Especialistas advierten de dejar en ella solo el cascarón.