Estudio revela sólo el 36.2% de constructoras en RD contaban con permisos ambientales en 2023 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Más allá del crecimiento en edificaciones, la industria de la construcción generó un impacto ambiental significativo debido al consumo de recursos naturales y la producción de residuos.

Según la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2023, publicada en mayo de este año, solo el 36.24% de las empresas constructoras contaban con permisos ambientales, reflejando un bajo cumplimiento normativo. Este hallazgo forma parte del más reciente informe anual sobre el “Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas 2024”, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Además, apenas el 8.60% disponía de plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que las obligó a recurrir a servicios de terceros, generando costos adicionales y riesgos de sanciones.

Sin embargo, la adopción de certificaciones como la ISO 14001 representó una ventaja competitiva, ya que, aunque su implementación conllevó costos iniciales, a largo plazo permitió optimizar recursos, mejorar la eficiencia energética y reducir desperdicios.

De acuerdo al informe, en términos de empleo, el concepto de empleo verde, que abarca trabajadores dedicados a minimizar el impacto ambiental de las actividades económicas, aún tenía una baja presencia en el sector. Solo el 29.34% de las empresas constructoras reportaron contar con empleados en estas funciones, lo que indicó que la sostenibilidad aún no se integraba plenamente en sus operaciones.

No obstante, con el endurecimiento de las regulaciones a nivel global, la contratación de especialistas en sostenibilidad se convirtió en una necesidad creciente, con impacto en los costos laborales y operativos.

Estos factores han influido considerablemente en el Índice de Costos Directos de la Construcción (ICDV), ya que el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de residuos han alterado la estructura de costos del sector pues el cumplimiento de regulaciones ambientales, la gestión de residuos y la contratación de especialistas en sostenibilidad modificaron la estructura de costos del sector.

El estudio señala que con solo el 29.34% de las empresas reportaron empleados dedicados a minimizar su impacto ambiental, la sostenibilidad aún no era una prioridad generalizada. Sin embargo, la creciente exigencia de normativas impulsó la necesidad de integrar prácticas más sostenibles.

Explica que monitorear cómo estas regulaciones afectaron los costos de materiales, mano de obra y procesos constructivos permitió mejorar las proyecciones del ICDV y facilitar la toma de decisiones estratégicas en la industria.

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