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Trump recupera control migratorio: Corte Suprema autoriza revocación del parole humanitario para más de 500,000 migrantes
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el parole humanitario que hasta ahora protegía a más de medio millón de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, lo que abre la puerta a posibles deportaciones masivas.
Este beneficio, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió a más de 530,000 personas ingresar legalmente al país por razones humanitarias, amparadas bajo una figura legal discrecional que históricamente ha servido para ofrecer alivio temporal a quienes enfrentan situaciones extremas en sus países de origen. Sin embargo, la nueva decisión suspende una orden judicial previa que había impedido su eliminación.
La medida, celebrada públicamente por figuras del entorno de Trump como Stephen Miller, quien calificó a los migrantes como “invasores”, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de persecución, violencia o muerte a los que se exponen los deportados.
Las juezas progresistas de la Corte, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo con el fallo. Jackson advirtió que la decisión deja «en el limbo legal y humano» a miles de personas antes de que sus casos se resuelvan en tribunales.
El parole implementado por Biden exigía a los solicitantes contar con un patrocinador legal en EE.UU. que garantizara su manutención económica, y era revisado caso por caso. El objetivo era asegurar que estos migrantes no representaran una carga para el sistema público. Esta política también benefició a ciudadanos ucranianos tras el inicio de la guerra con Rusia.
Lejos de ser una medida exclusiva de gobiernos demócratas, el parole humanitario tiene más de siete décadas de aplicación, incluyendo episodios históricos como el ingreso de refugiados húngaros en 1956 o la acogida de cubanos y vietnamitas en las décadas siguientes. Pese a su uso recurrente, esta figura ha sido objeto de debates y reformas legales que intentan limitar su alcance.
Para muchos migrantes y sus familias —incluyendo dominicanos con vínculos personales o familiares en estos países afectados—, esta decisión representa un giro drástico que pone en riesgo años de esfuerzos por lograr una vida más segura en Estados Unidos.
Más allá del ámbito legal, la decisión refleja el rumbo que ha tomado la política migratoria bajo Trump: una visión centrada en el cierre de fronteras, la eliminación de programas de protección y el endurecimiento del discurso oficial frente al fenómeno migratorio.
El destino de cientos de miles de personas dependerá ahora no solo de nuevas decisiones judiciales, sino también del curso político que adopte el país en los próximos meses. Para muchos, es un momento de incertidumbre… y de esperanza suspendida.
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el parole humanitario que hasta ahora protegía a más de medio millón de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, lo que abre la puerta a posibles deportaciones masivas. Este beneficio, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió a
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el parole humanitario que hasta ahora protegía a más de medio millón de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, lo que abre la puerta a posibles deportaciones masivas.
Este beneficio, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió a más de 530,000 personas ingresar legalmente al país por razones humanitarias, amparadas bajo una figura legal discrecional que históricamente ha servido para ofrecer alivio temporal a quienes enfrentan situaciones extremas en sus países de origen. Sin embargo, la nueva decisión suspende una orden judicial previa que había impedido su eliminación.
La medida, celebrada públicamente por figuras del entorno de Trump como Stephen Miller, quien calificó a los migrantes como “invasores”, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de persecución, violencia o muerte a los que se exponen los deportados.
Las juezas progresistas de la Corte, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo con el fallo. Jackson advirtió que la decisión deja «en el limbo legal y humano» a miles de personas antes de que sus casos se resuelvan en tribunales.
El parole implementado por Biden exigía a los solicitantes contar con un patrocinador legal en EE.UU. que garantizara su manutención económica, y era revisado caso por caso. El objetivo era asegurar que estos migrantes no representaran una carga para el sistema público. Esta política también benefició a ciudadanos ucranianos tras el inicio de la guerra con Rusia.
Lejos de ser una medida exclusiva de gobiernos demócratas, el parole humanitario tiene más de siete décadas de aplicación, incluyendo episodios históricos como el ingreso de refugiados húngaros en 1956 o la acogida de cubanos y vietnamitas en las décadas siguientes. Pese a su uso recurrente, esta figura ha sido objeto de debates y reformas legales que intentan limitar su alcance.
Para muchos migrantes y sus familias —incluyendo dominicanos con vínculos personales o familiares en estos países afectados—, esta decisión representa un giro drástico que pone en riesgo años de esfuerzos por lograr una vida más segura en Estados Unidos.
Más allá del ámbito legal, la decisión refleja el rumbo que ha tomado la política migratoria bajo Trump: una visión centrada en el cierre de fronteras, la eliminación de programas de protección y el endurecimiento del discurso oficial frente al fenómeno migratorio.
El destino de cientos de miles de personas dependerá ahora no solo de nuevas decisiones judiciales, sino también del curso político que adopte el país en los próximos meses. Para muchos, es un momento de incertidumbre… y de esperanza suspendida.