Cómo Donald Trump lleva al límite las costuras de su poder

​Ya sea utilizando al Ejército contra los manifestantes en Los Ángeles o ignorando órdenes claras de los jueces federales, Trump está socavando los pilares democráticos fundamentales de Estados Unidos.  

En Los Ángeles, donde miles de personas llevan días manifestándose contra las medidas migratorias estadounidenses, la tensión sigue siendo elevada.

En la noche del miércoles (11.6.2025), el toque de queda nocturno trajo un poco de calma, pero no hay indicios de que la situación vaya a tranquilizarse. A la Guardia Nacional enviada por Donald Trump a Los Ángeles, le siguen ahora 700 marines, conocidos por ser una fuerza de intervención rápida y una unidad de élite.

Según una vocera del Ejército estadounidense, los soldados ayudarán a proteger los edificios y al personal del Gobierno federal, entre ellos al del ICE, el servicio de inmigración.

Desde el viernes pasado, la gente sale a las calles del sur de California para protestar contra las redadas que los agentes del ICE llevan a cabo en espacios públicos con el fin de localizar y deportar a personas sin documentos de residencia válidos. En ocasiones, los indocumentados son detenidos directamente en la calle por equipos encapuchados del ICE.

Más derechos para el presidente en casos especiales

En circunstancias normales, el presidente de los Estados Unidos no puede enviar a un estado a la Guardia Nacional o a la Marina, ya que la orden de intervención debe provenir del Gobierno del estado afectado.

En California, el gobernador demócrata, Gavin Newsom, ha rechazado expresamente el despliegue de tropas federales y ha presentado una demanda. Pero hay casos especiales, en los que el presidente de EE. UU. tiene la potestad de enviar unidades militares, incluso sin informar al gobernador correspondiente. Por ejemplo, si en un estado se produce una revuelta contra la autoridad del Gobierno nacional, tal y como establece la «Ley de Insurrección» de 1807.

Aun así, la intervención militar en California es algo inusual, ya que la autonomía de los 50 estados se considera un bien muy preciado en el país, como se desprende del nombre «Estados Unidos de América». «California puede ser la primera, pero es evidente que no será la última», dijo el gobernador Newsom en un discurso televisado. «Otros estados serán los siguientes. La democracia será la siguiente».

Trump y el poder judicial

De hecho, en los primeros cinco meses de su segundo mandato, Trump se ha enfrentado ya en varias ocasiones a las instituciones democráticas de su país. Por ejemplo, cuando llevó a cabo deportaciones en contra de órdenes judiciales claras. Desde el mes marzo, más de 250 personas, consideradas presuntamente terroristas no estadounidenses, han sido trasladadas a la prisión del CECOT, en El Salvador, a pesar de la suspensión provisional de las deportaciones dictada por un juez federal.

Al igual que en la intervención militar en Los Ángeles, Trump se basó en una ley centenaria para llevar a cabo esas deportaciones, concretamente la «Ley de Enemigos Extranjeros», de 1798, que permite al presidente expulsar a personas de una «nación enemiga» sin esperar los procedimientos habituales ante los tribunales de inmigración.

El judicial es uno de los tres pilares del poder en Estados Unidos, junto con el ejecutivo (el presidente) y el legislativo (el Congreso de Estados Unidos). La separación de poderes constituye la base de la democracia estadounidense, pero las acciones de Trump podrían debilitar esta separación.

En la corte más elevada de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, seis de los nueve jueces son abiertamente conservadores. Tres de ellos, fueron nombrados por el propio Trump, por lo que hay buenas condiciones para tomar decisiones que favorezcan al presidente.

¿Se impondrán los «principios de la democracia»?

¿Y qué hay del Congreso, el poder legislativo? Trump lo ha venido pasando por alto desde el comienzo de su segundo mandato. Todos los presidentes emiten decretos presidenciales que no tienen que pasar antes por la Cámara de Representantes y el Senado, las dos cámaras del Congreso. Pero, en el caso de Trump, han sido especialmente numerosos: 161 en su segundo mandato hasta la fecha (a 10 de junio de 2025), más que cualquier otro presidente desde la Segunda Guerra Mundial. Y tienen consecuencias de gran alcance, por ejemplo, para los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos o para el comercio mundial.

«Trump pasará definitivamente a la historia como aquel que llevó el poder ejecutivo hasta sus límites», escribe Patrick Malone, profesor de Administración Pública y Política en la American University, en un correo electrónico enviado a DW. Según Malone, existen dudas, por ejemplo, sobre si fue legal el cierre de agencias federales y el despido de miles de empleados federales en nombre de la eficiencia.

«Los tribunales se ocuparán durante años de la cuestión de la legalidad de lo que ha hecho este presidente», prosigue el politólogo. ¿Y qué hay de las instituciones democráticas de Estados Unidos? Según Malone, se encuentran bajo una considerable presión. Uno de los problemas es que las leyes estadounidenses se aplican hoy en día a un país completamente diferente al que se creó hace más de 200 años.

Pero el experto encuentra también motivos para el optimismo. «Por lo general, las instituciones son muy difíciles de derribar», afirma Malone. «Esperemos que, al final, prevalezcan los principios de la democracia». 

(ms/rml)

   Ya sea utilizando al Ejército contra los manifestantes en Los Ángeles o ignorando órdenes claras de los jueces federales, Trump está socavando los pilares democráticos fundamentales de Estados Unidos.