Abogados: Reforma ley de residuos debe priorizar interés general

Santo Domingo.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), en su rol de órgano consultivo y asesor del Estado en materia legislativa, ha expresado su posición institucional frente a las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y otras entidades, en relación con las propuestas de modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, destacó que, si bien es fundamental preservar la competencia, ésta debe estar subordinada al bienestar colectivo, al interés general y a los principios constitucionales que protegen el medio ambiente y la salud pública. Potentini advirtió que aplicar criterios exclusivamente económicos en un sector tan sensible como el de la gestión de residuos podría resultar contraproducente y desvirtuar los objetivos esenciales de la ley.

“El manejo de residuos no es una actividad cualquiera. Se trata de un servicio esencial que impacta directamente la vida, la salud y el entorno de la ciudadanía. La competencia no puede anteponerse al derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica de las inversiones ni a la eficiencia operativa del sistema”, afirmó.

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El presidente del gremio defendió la posibilidad de que un único proveedor opere los rellenos sanitarios por región, argumentando que esta medida no busca favorecer monopolios, sino garantizar inversiones a largo plazo, control técnico, eficiencia operativa y la instalación de infraestructuras adecuadas para una disposición segura y sostenible de los residuos.

“En estos casos, no se trata de fomentar la competencia por sí misma, sino de promover la eficiencia y asegurar resultados. Cuando el Estado regula con visión técnica, transparencia y participación social, se garantiza el derecho, sin restringir libertades”, declaró.

Asimismo, Potentini abogó por impulsar proyectos integrados que combinen plantas de valorización con rellenos sanitarios, como una fórmula moderna y eficaz para enfrentar el problema de los residuos, reduciendo costos, evitando contaminación y permitiendo una gestión más ordenada y supervisada.

Sobre la duración de los contratos, el CARD señaló que los plazos de 3 a 5 años son insuficientes para asegurar el retorno de la inversión privada en un sector de alta complejidad y riesgo. Por ello, propuso contratos más extensos, bajo una estricta fiscalización estatal, que ofrezcan confianza jurídica y estabilidad financiera a los inversionistas.

Respecto a la inquietud de Pro-Competencia por una supuesta exclusión de las plantas de reciclaje de plásticos, Potentini aclaró que la ley busca integrar todos los eslabones de la cadena de manejo de residuos, ponderando equitativamente a los actores según su inversión y riesgo.

También defendió las modificaciones al sistema de contribuciones del artículo 36, argumentando que responden a criterios de equidad tributaria, capacidad contributiva y a la experiencia acumulada durante la vigencia de la ley.

Finalmente, Potentini hizo un llamado a los legisladores para no desvirtuar el espíritu de la Ley 225-20, la cual nació para transformar el modelo de disposición de residuos en el país, erradicando vertederos improvisados y construyendo un sistema moderno, ambientalmente responsable y financieramente viable.

“El valor de la competencia es fundamental en una democracia, pero en sectores como el de la gestión de residuos debe prevalecer la regulación, la racionalidad técnica y el interés general”, concluyó.

El CARD reiteró su compromiso de acompañar técnicamente a las autoridades en el proceso de reforma legislativa, con el firme propósito de establecer un marco normativo que garantice eficiencia, justicia social y sostenibilidad.

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