Caso Le Pen: ¿una sentencia política?

​Gobiernos populistas de derecha de todo el mundo critican que el veredicto contra la política francesa Marine Le Pen es desproporcionado y un ataque a la democracia.  

La sentencia contra Marine Le Pen también ha causado revuelo en el exterior. Según los críticos, excluye a la política del partido considerado de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) del proceso político y, en última instancia, priva a sus votantes de su derecho al voto.

Le Pen, a su vez, habla de un juicio político digno de un régimen autoritario, cuyo único objetivo es impedir que llegue a la presidencia. Las próximas elecciones están previstas para 2027, y, desde hace tiempo, Le Pen lidera las encuestas. «No estoy dispuesta a someterme tan fácilmente a una negación de la democracia», publicó en la red social X. «Ningún juez puede interferir en unas elecciones tan importantes como las presidenciales», agregó.

Un tribunal de París había condenado a la política de derecha por malversación de fondos públicos de la UE y, entre otras cosas, le había negado el derecho a presentarse a comicios durante cinco años. Si la sentencia sigue en pie, no podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

¿Un juicio político?

«No es una decisión política, sino jurídica, tomada por tres jueces independientes», dijo a la televisora alemana RTL Rémy Heitz, fiscal del tribunal de casación, quien se mostró consternado por el hecho de que la presidenta del tribunal hubiera recibido amenazas de muerte y necesitara ahora protección policial.

Por su parte, la jurista Charlotte Schmitt-Leonardy, de la Universidad de Bielefeld, no descarta que pueda haber juicios políticos en un Estado democrático como Francia. No obstante, explica a DW que la condena de un político no equivale a «un juicio político»: «Simplemente se ha aplicado la ley», explicó.

Para Schmitt-Leonardy, el efecto inmediato de la inhabilitación de Le Pen es inusual desde una perspectiva alemana. Sin embargo, prosigue, «esto no quiere decir que la sentencia sea un escándalo, sino que la situación jurídica es cuestionable».

La exclusión temporal de políticos de contiendas electorales por corrupción y malversación es una sanción común en Francia. Irónicamente, la propia Marine Le Pen había pedido hace años que se tomaran medidas enérgicas contra las élites corruptas.

Sin embargo, debido a la gran popularidad de Le Pen, incluso políticos de otros partidos cuestionan la proporcionalidad de la sentencia. Jean-Luc Mélenchon, de Francia Rebelde, por ejemplo, opinó que la destitución de políticos es «un asunto del pueblo».

Exclusión del proceso democrático

También hubo fuertes reacciones en el extranjero. Los gobiernos y partidos de extrema derecha de todo el mundo hablan de una conspiración de un Poder judicial de izquierda politizado.

«No creo que nadie que valore la democracia pueda celebrar un fallo que afecte a la líder de un partido importante y prive a millones de ciudadanos de su representación», dijo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a un periódico. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, expresó su solidaridad en X con las palabras «Yo soy Marine».

También hubo fuertes reacciones del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que la exclusión de personas del proceso político era «particularmente preocupante», sobre todo de cara al «procesamiento judicial agresivo y corrupto» contra el presidente Donald Trump.

En opinión de Charlotte Schmitt-Leonardy, «estas expresiones de solidaridad muestran sobre todo cuán normal se ha vuelto la demonización de la simple aplicación de la ley. Estas declaraciones del campo de derechas de los republicanos, que, como es bien sabido, han intentado durante muchos años, a veces con éxito, cubrir sistemáticamente puestos en el Poder Judicial según criterios políticos, dan mucho que pensar».

Alemania: prohibir el AfD sería distinto

En Alemania ha habido varios intentos de prohibir el partido en parte de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza en el Bundestag. Sin embargo, la cuestión de fondo es la constitucionalidad del partido alemán. No obstante, los políticos de AfD ven esto como un intento de otros partidos de utilizar al Poder Judicial para deshacerse de un competidor político.

Schmitt-Leonardy afirma que, por un lado, «la narrativa del mártir de eliminar a un competidor político siempre puede ser efectiva y fortalecer a los bandos extremos. Por otro, esto no debería impedir que se aplique la ley».

La compleja cuestión de una eventual prohibición del partido ultraderechista AfD es diferente al caso Le Pen, prosigue: «No se trata de la exclusión del proceso democrático por inconstitucionalidad, sino de la aplicación sobria del derecho penal con consecuencias para sus ambiciones políticas.»

(vt/cp)

   Gobiernos populistas de derecha de todo el mundo critican que el veredicto contra la política francesa Marine Le Pen es desproporcionado y un ataque a la democracia.