Poder Ejecutivo somete al Congreso proyecto para endurecer sanciones por tráfico ilícito de migrantes 

Santo Domingo, 7 de abril de 2025. — El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este lunes ante el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en cumplimiento de una de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración irregular y reforzar la soberanía nacional.

La iniciativa forma parte de un paquete de acciones anunciadas por el mandatario el pasado domingo 6 de abril, en respuesta a la crisis migratoria que afecta a la región, en particular por la situación en Haití. Peralta explicó que el proyecto será conocido con carácter de urgencia, tal como lo solicitó el jefe de Estado.

Modificaciones clave

La reforma propuesta introduce cambios sustanciales en los artículos 2, 5, 6 y 7 de la legislación actual, con el objetivo de ampliar definiciones, tipificar nuevas conductas delictivas y establecer penas más severas para los involucrados en el tráfico de personas.

• Artículo 2: Se amplía la definición de tráfico ilícito de migrantes y se incorporan elementos que permitirán al Ministerio Público una persecución más efectiva del delito.
• Artículo 5: Introduce la responsabilidad penal por omisión, aplicable a personas que, teniendo un deber legal o vínculo con la víctima, no actúen para evitar el daño. Esta responsabilidad se extiende a quienes hayan asumido voluntariamente la protección o generado una situación de riesgo.
• Artículo 6: Redefine el rol del cómplice en la comisión del delito, estableciendo penas más proporcionales y específicas.
• Artículo 7: Incorpora nuevas circunstancias agravantes, como la relación de poder entre el autor y la víctima, el nivel de vulnerabilidad de esta, el uso de armas, la gravedad del daño causado, o incluso la muerte de la víctima.

Endurecimiento de las penas

De aprobarse la reforma, las penas por tráfico ilícito de migrantes pasarían de 10-15 años de reclusión y multas de 150 a 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años, con multas entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público y suspensión de derechos de ciudadanía.

En casos agravados, las penas podrían alcanzar hasta 40 años de prisión y multas de 6,000 salarios mínimos, especialmente si se comprueba el uso de armas, el daño a personas mayores o la muerte de la víctima.

Reacción del Senado

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió el proyecto y afirmó que se trata de un problema nacional de alta prioridad. “El presidente ha sido claro en que esta ley debe aprobarse con urgencia. Desde el Senado, vamos a actuar con celeridad para dotar al país de una legislación más fuerte contra este flagelo”, aseguró.

Con esta iniciativa, el gobierno busca fortalecer su marco legal para hacer frente al crimen organizado vinculado a la migración ilegal, y proteger de manera más efectiva los derechos humanos de las personas víctimas de trata y tráfico.

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